NOTARÍA

El Derecho Notarial es el conjunto de normas y doctrinas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y los requisitos formales de los documentos notariales.

El Notario por su parte, es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado por el Estado para dar fe  y autenticidad conforme a las leyes, de los negocios jurídicos y demás activos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen.

En Puerto Rico está función pública es esencial para el buen tráfico de muchos negocios jurídicos, incluyendo por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, la constitución de hipotecas, las servidumbres, el derecho de superficie, las particiones de herencia y muchos más.  La notaría en Puerto Rico es del tipo latino y está altamente regulada, además de que los y las Notarios deben ser abogados o abogadas para poder ejercerlo.  

SERVICIOS DE NOTARIA

Escrituras de todo tipo, tales como:

-Compraventa

-Arrendamientos

-Constitución de Hipoteca

-Testamentos

-Emancipación

-Donaciones

-Agrupación y agregación

-Segregación

-Permuta

-Liquidaciones de Herencia

-Liquidación de bienes gananciales

- Otras

Declaraciones juradas, como por ejemplo:

-Pérdida de licencia de conducir

-Pérdida de título o licencia vehículo de motor

-Certificación de ingresos

-Cualquier otra necesaria

Actas

-Acta de edificación

-Cualquier otra necesaria

TEL. 787-951-7575


LEY DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL HOGAR PRINCIPAL Y EL HOGAR FAMILIAR: Requisitos para la protección en el Registro de la Propiedad

 

Ahora, en Puerto Rico, todo individuo o jefe de familia que esté domiciliado en la isla, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en un predio de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régimen de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como residencia principal. La ley se conoce como “Ley de Protección de Hogar Seguro”.  Este derecho protege a la propiedad de embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de todas las deudas, de manera que todo individuo o jefe de familia domiciliado en Puerto Rico, goce de una protección que cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal contra el riesgo de ejecución de esa propiedad.  La ley no hace distinción de valor, por lo cual toda propiedad que sea la residencia principal, puede gozar de dicha protección.

Los propietarios deben designar la propiedad que utilizan o utilizarán como residencia principal y que la van a proteger como hogar seguro.  Para ello se debe designar así expresamente en la escritura de compraventa cuando es una propiedad de nueva adquisición, o mediante Acta Notarial cuando son propiedades ya inscritas. De esa manera se da aviso público de que la propiedad fue designada como hogar seguro.  La inscripción en el Registro de la propiedad del derecho de hogar seguro está exento de todo pago de derechos y sellos de rentas internas.

La protección se extiende aún cuando la propiedad sea arrendada si los propietarios deben arrendar la propiedad temporeramente por cuestiones de salud, estudio, servicio militar o diplomático o trabajo de alguno de los miembros de la familia hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.  También en casos de que se deba vender la propiedad: en dicho caso el dinero producto de la venta está protegido durante el periodo de 9 meses para que se pueda comprar otra propiedad que constituya la residencia principal. Si la propiedad que se compra es de menor cuantía que la vendida, la diferencia en dinero no está protegida.  De cambiar de propiedad protegida como hogar seguro, hay que cancelar en el registro el derecho en la propiedad anterior y constituir una nuevo sobre la propiedad actual.  De hecho, constituye un delito grave de cuarto grado el inscribir más de una finca como hogar seguro, ya sea a nombre propio o utilizando fraudulentamente a terceras personas.

La protección no se pierde si la finca o el derecho a hogar seguro no estén inscritos, pero hay que levantar la cuestión dentro de 30 días  a contar desde la fecha en que se solicita la ejecución de propiedades pertenecientes al demandado para satisfacer una sentencia dictada por un tribunal competente; o a partir del momento en que se solicita un embargo o anotación preventiva o cualquier otro mecanismo preventivo en aseguramiento de sentencia, en contra de las propiedades del demandado, entre otros requisitos procesales.

La protección es irrenunciable, aunque se entiende renunciada, por fíat legislativo, todos los casos donde se obtenga una hipoteca, que grave la propiedad protegida en los casos de cobro de contribuciones estatales y federales;     en los casos donde se le deban pagos a contratistas para reparaciones de la propiedad protegida;  en los casos donde aplique el Código de Quiebras Federal, en cuyo caso aplicarán las disposiciones de dicho Código;   en todos los casos de préstamos, hipotecas, contratos refaccionarios y pagarés constituidos a favor de o asegurados u otorgados por la Puerto Rico Production Credit Association, Small Business Administration, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, la Administración Federal de Hogares de Agricultores, la Federal Home Administration (FHA), la Administración de Veteranos de Estados Unidos y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; y las entidades sucesoras de los antes mencionados, así como a favor de cualquier otra agencia o entidad estatal o federal que garantice préstamos hipotecarios que se aseguran y se venden en el mercado secundario.

La protección no se pierde si la finca o el derecho a hogar seguro no estén inscritos, pero hay que levantar la cuestión dentro de 30 días  a contar desde la fecha en que se solicita la ejecución de propiedades pertenecientes al demandado para satisfacer una sentencia dictada por un tribunal competente; o a partir del momento en que se solicita un embargo o anotación preventiva o cualquier otro mecanismo preventivo en aseguramiento de sentencia, en contra de las propiedades del demandado, entre otros requisitos procesales. Para reclamar hogar seguro bajo ésta ley luego del propietario ser emplazado por un cobro de dinero, conllevará necesariamente litigación, pues se puede entender que se hace en fraude de acreedores.  El Tribunal tendrá que determinar si aplica realmente el hogar seguro pues  la solicitud no es prueba prima facie de la existencia de éste. Además, la protección se extenderá sólo hasta el valor de la propiedad al momento de ser emplazado si se adquiere una de mayor valor o si hay dinero protegido en el periodo de 9 meses, según antes indicado. Por lo tanto, es nuestra recomendación que el derecho sea inscrito en el Registro de la Propiedad mediante Acta Notarial o al momento de la compraventa.




NUEVAS COMPETENCIAS NOTARIALES



Desde el 1 de febrero de 2012 los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico podrán tramitar ciertos asuntos en las oficinas notariales que antes eran de la exclusiva jurisdicción del tribunal. Estos asuntos son:

1. Declaratorio de Herederos (Sucesión Intestada)

2. Adveración y Protocolización de Testamento Ológrafo

3. Expedición de Cartas Testamentarias

4. Autorización para contraer nuevo matrimonio por razón de ausencia

5. Asuntos Ad Perpetuam Rei Memoriam (Perpetuar la memoria de un hecho)

6. Corrección de Actas que obren en el Registro Demográfico

7. Cambio de Nombre y Apellidos

El propósito es proveer a la ciudadanía de un mecanismo adicional a los tribunales para que estos asuntos puedan tramitarse en la privacidad de la oficina notarial, tomando a su vez las garantías necesarias para la corrección y pureza de los procedimientos. Se pretende así una vía más rápida para resolver esos asuntos y que a su vez los ciudadanos permitan atender con mejor eficiencia otros relacionados, como por ejemplo, los asuntos de herencia una vez se tenga la declaratoria de herederos o la carta testamentaria. Ello puede redundar igualmente en economía para todos los interesados.

Para cada asunto no contenciosos ante notario se debe cumplir con varios requisitos en cuanto a contratación, manifestaciones del requirente, notificaciones a la Oficina de Inspección de Notarías, calificación de documentos, intervención del Ministerio Fiscal, redacción del Acta de Notoriedad, y otros. Se crea el registro General de Competencias, adscrito a la oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo, el cual velará por el fiel cumplimiento de la ley.

Estas nuevas competencias notariales surgen a partir de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó recientemente enmiendas al Reglamento Notarial de Puerto Rico, añadiendo un Capítulo IX, que incluyen nuevas reglas desde la 85 hasta la 131, sobre Asuntos No Contenciosos Ante Notario. Enmienda para los mismos propósitos las Reglas 12,14,15,19,27, 38, 39, 47, 60, 63, 77, y 84 de dicho Reglamento con el fin de conformarlo a la Ley de Asuntos No contenciosos Ante Notario. Estas enmiendas al Reglamento Notarial se hacen a los fines de implantar la ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario que fuera aprobada el 21 de agosto de 1999, Ley número 282, y que había quedado en suspenso por la resolución del Tribunal Supremo 2000 TSPR 31.

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Suspenden a Notario por Canon 9 del Código de Ética Profesional de Abogados de Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende inmediatamente e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y notaría a un Notario según consta de la Opinión  In re: Aponte Sánchez 2010 TSPR 52. Conforme a los hechos, el 1 de abril de 2008, la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) informó que el Notario había notificado el hurto de su Registro de Testimonios (15 de septiembre de 2003) y que transcurridos cinco (5) años, el notario no había realizado gestión alguna para corregir la situación y adeudaba varios índices notariales.

El 9 de marzo de 2009, ODIN solicitó medidas urgentes ante las deficiencias encontradas en la obra notarial del Notario. Las deficiencias informadas fueron: (1) la ausencia de sellos de asistencia legal en el Registro de Testimonios para 2,010 asientos; (2) la omisión de la firma del notario en 1,840 asientos; (3) la falta de entrada de 140 testimonios; y (4) el incumplimiento con la radicación de índices notariales desde julio de 2008.

Además, ODIN contaba con la queja de otro notario que solicitaba la copia certificada de una escritura pública de la obra notarial del Notario que no había podido conseguir y que necesitaba para corregir un defecto en el Registro de la Propiedad. Para este asunto, ODIN trató de comunicarse con el Notario sin obtener la atención de su parte.

El 1 de mayo de 2009, este Tribunal emitió una resolución ordenándole al Notario que en 20 días corrigiera las deficiencias señaladas. En dicha resolución, le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y notaría. Transcurrido dicho plazo, ODIN notificó que el notario no había cumplido con la orden.  El 25 de junio de 2009, el Notario presentó una solicitud de medidas urgentes y orden. En ella, el licenciado informó que quedaba pendiente la reconstrucción de su obra notarial y solicitó que se le permitiera renunciar voluntariamente al ejercicio de la notaría.

El 2 de septiembre de 2009, ODIN remitió un informe sobre el estado de la obra notarial del Notario en la que indicó que, transcurridos 6 años, el notario ha sido incapaz de reconstruir el Registro de Testimonios

El Tribunal Supremo evalúa la conducta profesional ética del Notario acorde los hechos expuestos, y expresa que la conducta del Notario constituye una violación severa al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.9. Este Canon le impone a todo abogado la obligación de procurar el cumplimiento de las órdenes de los tribunales. 

Expresa el Tribunal que todo abogado tiene el deber de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes del Tribunal. Este deber es más importante cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Un abogado debe reconocer que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia de las órdenes del Tribunal.

Dice el Tribunal Supremo que un abogado puede ser suspendido del ejercicio de la profesión cuando no atiende con diligencia y premura los requerimientos de este Tribunal, por lo cual proceden sanciones disciplinarias contra un abogado que se muestre indiferente ante los apercibimientos y requerimientos del tribunal.






 

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